GRUPO 196 - LOS OCHO FRENTES DE LA COMPETITIVIDAD

(Realizar un mapa conceptual de este artículo de la revista Dinero para el 27 de noviembre antes de la 1:00 p.m)


Los ocho frentes de la competitividad

La formalización del empleo es uno de los ocho retos que debe enfrentar el país para ser más competitivo.
El informe nacional de competitividad propone que el trabajo del país debe seguir apuntando a una visión de largo plazo, según la cual en el año 2032 el país deberá ser el tercer país más competitivo de América Latina. Para lograrlo deberá abordar ocho temas estructurales que limitan la productividad del país.

El Consejo Privado de Competitividad presentó el cuarto Informe Nacional de Competitividad 2010-2011. En esta nueva versión se concluye que temas como formalización y mercado laboral, educación, ciencia, tecnología e innovación, infraestructura, transporte y logística y la masificación del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, seguirán siendo críticos para cumplir con las metas fijadas en la Política Nacional de Competitividad.

El informe destaca que los avances en materia de competitividad son importantes, pero que los retos que se presentan por delante, muestran que todavía hay un largo camino por recorrer. En ese sentido, el Consejo Nacional de Competitividad pone sobre la mesa ocho frentes que permitirán desarrollar la productividad del país y atacar cuatro temas críticos para la competitividad del país.

Ocho frentes de competitividad

1. Formalización: el infore destaca que la Ley de formalización y primer empleo es un paso muy importante para disminuir el 60% de informalidad que enfrenta el país. Sin embargo, dice que debe ser complementado con programas y políticas adicionales.

2. Ciencia, tecnología e innovación: se propone invertir más y mejor en investigación y desarrollo, además crear oficinas de transferencia tecnológica que le sirvan a las universidades para que la investigación que realicen tenga aprovechamiento comercial por parte del sector privado.

3. Infraestructura, transporte y logística: "se debe desmontar la tabla de fletes que desincentiva la existencia de un sector de transporte de carga de talla mundial como el que necesitamos", dice el informe en ese sentido. Así mismo, se propone fortalecer la política de concesiones de largo plazo del país, incluyendo la creación de una entidad de regulación autónoma para el sector.

4. Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC): según el informe, aún existe una brecha digital en el acceso a bienes y servicios relacionados con TIC. Se propone aumentar la asignación de recursos para programas de masificación de acceso y uso de TIC.

5. Educación: la calidad: en ese sentido el consejo privado de competitividad propone incentivar al mejor capital humano del país para que ingrese a la carrera docente. Adicionalmente, la cobertura de la atención a la primera infancia se pone como elemento clave para la formación de nuevas generaciones.

6. Bancarizacón y asignación eficiente del ahorro: para aumentar la bancarización en el país, el informe propone incrementar los derechos de los deudores, eliminar la tasa de usura y el 4 por mil.

7. Sistema tributario: dentro del informe se propone implementar una reforma tributaria que reduzca la tarifa del impuesto de renta corporativo del 33% al 20%, el umbral de ingreso a partir de las cuales empiezan a tributar y el número de tarifas del IVA a tres, 0%, 12% y 16%.

8. Justicia: el informe presenta como solución al problema estructural de la justicia, crear un régimen de precedentes judiciales vinculantes que den seguridad jurídica a los agentes económicas, expedir un código únido de procedimiento y crear una gerencia para la rama judicial.

Temas críticos

* Corrupción: el informe concluye que buena parte del problema de la corrupción se debe a que en el páis la relación costo-beneficio favorece la realización de actos de corrupción. En ese sentido, el Consejo propone endurecer las penas para este tipo de delitos, hacer obligatorias la utilización de subastas públicas para la contratación de bienes homogéneos y establecer un régimen que obligue a mayor rendición de cuentas por parte de los congresistas.

* Boom minero-energético: el consejo privado de competitividad apoya el proyecto de regla fiscal. Además, propone una reforma estructural al régimen de regalías que cumpla con los principios de equidad interdepartamental e intergeneracional, institucionalidad sólida y estabilidad macroeconómica.

* Energía: el informe revela que en el país existe una alta concentración en la generación hídrica, lo que genera inestabilidad del sistema ante los cambios climáticos. La propuesta es desmontar los impuestos al uso de energía bajo el esquema de subsidios curzados.

* Clusters: el consejo privado de competitividad propone profundizar el análisis de estas estucturas productivas, con el fin de diseñar agendas concretas de trabajo público-privado que permitan que se conviertan en motores de desarrollo regional.

GRUPO 196 - REFORMAS PARA UN PAIS MAS COMPETITIVO

(hacer un análisis de este artículo de la revista Dinero para el 27 de noviembre antes de la 1:00 p.m)

Reformas para un país más competitivo

Rosario Córdoba, Presidente Consejo Privado de Competitividad . “Más allá de la infraestructura, es clave que el país mejore en la logística”.

Bajar el impuesto de renta corporativo a 20% y otras reformas profundas en impuestos, justicia, transporte y ciencia y tecnología, es lo sustancial del cuarto Informe Nacional de Competitividad.
Red vial arterial pavimentada
Tenencia de computador en el hogar y penetración de banda ancha y móvil, 2009
Precios de la energía eléctrica
Una batería de reformas en el sistema tributario, en la justicia y en ciencia y tecnología, propuso el Consejo Privado de Competitividad en su cuarto Informe Nacional de Competitividad lanzado esta semana en Bogotá.

La reforma más fuerte es la de impuestos. La nueva presidente del Consejo Privado de Competitividad, Rosario Córdoba, sugirió una rebaja drástica en la tarifa corporativa para el impuesto de renta al 20%, y unificar en solo tres categorías el IVA, en las que se paguen tarifas de 0%, 12% y una general del 16%. Propuso, además, apoyar la eliminación gradual del impuesto del 4 por mil a las transacciones financieras, lo mismo que reducir el umbral a partir del cual las personas naturales tributan renta y aumentar la progresividad de este impuesto. Estas recomendaciones pondrían al país más cerca de Chile, líder regional en cuanto al atractivo de su sistema impositivo.

También, en materia de costos, propuso eliminar la contribución de 20% que paga la industria sobre su consumo de energía para subsidiar el consumo de los estratos 1, 2 y 3. Con esto, el costo por kilovatio hora, que en 2008 era el más alto de los países grandes de la región, pasaría a ser menor que el de México, Chile, Brasil y Ecuador.

Además, sugirió apoyar el desarrollo del mercado de forwards y derivados para energía, con lo cual las empresas podrán cubrirse contra variaciones adversas en el precio de este insumo vital.

Transporte y logística

La ejecutiva propuso también un cambio refrescante de énfasis en los temas de transporte. Además de recordar la necesidad de fortalecer la política de concesiones de largo plazo para vías, señaló que se debería hacer un esfuerzo especial en mejorar las instituciones y la logística. Sugirió crear una Comisión de Regulación para el Transporte y la Infraestructura y una Agencia Nacional de Infraestructura y Transporte al estilo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). El Inco y la ANH se crearon simultáneamente, pero los resultados de las dos entidades han sido sustancialmente diferentes.

"Más allá de la infraestructura, es clave que el país mejore en la logística, particularmente en la intermodalidad", dice Rosario Córdoba. En particular, esto implica construir un entorno más eficiente en asuntos como la determinación de los fletes de carga. En este sentido, propuso desmontar las tablas oficiales de fletes, un elemento que los transportadores y los generadores de carga incumplen y distrae recursos en su control.

Ciencia y tecnología

En cuanto a ciencia, tecnología e innovación, uno de los aspectos en los que el país aparece más rezagado en las clasificaciones de competitividad internacionales, la presidente del Consejo propuso establecer oficinas de transferencia de tecnología para "asesorar a la academia en identificación de oportunidades de investigación aplicada con fines comerciales y fomentar la transferencia de conocimiento universidad-empresa".

También un régimen especial de inmigración para investigadores, técnicos y gerentes extranjeros. En especial, establecer nuevos tipos de visas. En otros países americanos hay visas de directivos, trabajadores estacionales o de servicios técnicos, que facilitan la contratación de funcionarios internacionales.

En Colombia se debería establecer, por ejemplo, una visa de directivos como las que se otorgan en Perú. Con ella se les permitiría a los ejecutivos extranjeros trabajar durante el primer año, solamente acreditando su experiencia, sin necesidad de convalidar sus títulos profesionales, como ocurre hoy.

Señaló además que las universidades deberían incentivar más la radicación de patentes entre sus investigadores, que la publicación de artículos en revistas. Sería una forma interesante de promover la investigación aplicable a procesos productivos.

En materia de financiación, invitó a los inversionistas privados y públicos a vincularse a proyectos de innovación técnica. En 2008, Colombia gastaba solo 0,2% del PIB en investigación y desarrollo, mientras Chile gastaba 0,7% y Brasil 1,1%

Propuso, finalmente, incrementar la cantidad de recursos disponibles para la masificación en el acceso a las TIC.

Propuestas para la justicia

La lista de recomendaciones del Informe Nacional de Competitividad contiene otros elementos osados e interesantes, como el de promover una reforma a la justicia, que equivocadamente se podría tener como un tema desligado de la productividad empresarial.

En ese aspecto, Rosario Córdoba propuso crear un Régimen de Precedentes Judiciales vinculantes, que es una colección de jurisprudencia reunido y aprobado por las Altas Cortes, que deberían consultar los jueces en sus fallos. Esto movería el sistema colombiano un paso más hacia la common law anglosajona, que es más sencilla y práctica. También sugirió redactar un código procesal único que se usaría para todos los casos distintos a los penales y penales militares.

En materia administrativa, sugirió crear un gerente para la Rama Judicial que tome algunas de las funciones del Consejo Superior de la Judicatura y mover las tareas administrativas, que hoy tienen los jueces, a centros especializados de servicios, separados de las Cortes.

A Colombia le falta recorrer un camino muy largo para ser realmente competitiva. Ese es un hecho claro en la clasificación que presentó esta semana el Consejo Privado de Competitividad. El país ocupa el puesto 45 entre 58 estudiados en el índice del IMD y el 68 entre 139, según el Foro Económico Mundial. Solo en el Doing Business, del Banco Mundial, ocupa un decoroso puesto 39 entre 183 economías.

Las reformas que propone el Consejo permitirán levantar las barreras que les impiden a las empresas vender sus bienes y servicios en los mercados nacionales e internacionales.

GRUPO 196 - ESTUPEFACIENTES EL PARQUE DE DIVERSIONES DE LA MAFIA

(hacer un análisis de este artículo de la revista Semana para enviar antes del 13 de noviember 1:00 p.m)


"Estupefacientes es el parque de diversiones de la mafia"

ENTREVISTA El nuevo director nacional de Estupefacientes le cuenta a SEMANA el nido de corrupción que encontró en esta entidad.
Sábado 6 Noviembre 2010


Juan Carlos Restrepo, nuevo director nacional de Estupefacientes, llegó pisando fuerte a su cargo. Con Policía, Fiscalía, Contraloría y Procuraduría 'allanó' la semana pasada su propia entidad y dice que ahora sí se le va a poner coto al pago de favores políticos con los bienes de la mafia y la entrega de estos a testaferros de los narcos.
SEMANA: ¿Se puede decir que usted llegó hace 15 días a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y quedó estupefacto?

Juan Carlos Restrepo: Sí, me impresionó mucho el nivel de vulnerabilidad que tenía la entidad frente a la corrupción. Me preocupó mucho encontrar que no había controles y que cualquier persona podía hacer lo que quisiera con algo que es patrimonio del Estado.

SEMANA: ¿Se puede decir que la situación se había salido de control?

J.C.R.: Sí, el Estado había ignorado una situación en la que era muy fácil que hubiera casos de corrupción de una manera altamente conveniente para algunas personas con muchos intereses en los bienes incautados.

SEMANA: ¿Cómo es que la base de datos de la DNE es vulnerable cuando fue donada por el gobierno de Estados Unidos y costó cinco millones de dólares?

J.C.R.: El sistema originalmente pudo haber sido bueno, pero se le dio mal uso. Los controles nunca se aplicaron. Ahí está el pecado, y todo el mundo se hizo el loco con el tema.

SEMANA: También hubo un contrato de 4.000 millones de pesos para depurar los archivos, que fue cuestionado. ¿Qué pasó con esa inversión?

J.C.R.: Fue un contrato con el consorcio Suma que tenía un propósito que se incumplió. Este consistía en consolidar el inventario y ordenarlo. Pero lo que hicieron fue desordenar el poco inventario que había. Entiendo que hicieron una migración a unos servidores que no eran compatibles. Esto contribuyó al caos y hubo una situación crítica con relación al manejo que se le dio a la información interna.

SEMANA: ¿Vulnerabilidad significa que cualquiera podía hacer lo que quisiera?

J.C.R.: Hay un informe que demuestra que existían no menos de 10 errores crasos en materia de seguridad informática. Entre otros, que los computadores eran alquilados; muchas personas podían acceder al sistema y modificarlo sin mayor control; había sistemas de inventarios paralelos; no había controles de acceso de las personas a la entidad; no había control de los puertos externos de los computadores, por lo que se podía copiar y sacar la información; la red de Internet era abierta; había personas que ni siquiera eran empleados de la DNE que entraban a la red. Ya identificamos casos de funcionarios retirados y ex contratistas que mantuvieron sus claves de acceso al sistema. Encontramos un total desgreño en cuanto al manejo de información muy delicada. Cualquier persona pudo trasladar una propiedad, alterar el valor de los bienes, cambiar el destinatario o el estado del bien poniéndolo como devuelto, y en ese caso, el bien deja de estar bajo control. Esto no era solo un caso de espionaje electrónico, son actos de peculado y corrupción.

SEMANA: ¿Pero qué casos concretos han encontrado?

J.C.R.: Lo primero es la falta de integridad en los procesos de control. Luego, entramos a dimensionar el daño, y después, se encontrarán los casos específicos. Se conocen casos que fueron manipulados por el sistema, que están en proceso de investigación y que no puedo mencionar. No es algo meramente hipotético.

SEMANA: Este panorama en la DNE no es nuevo…

J.C.R.: Cierto. Lo nuevo es la voluntad y determinación del gobierno de ponerle fin a esta situación articulando con las entidades del Estado para confrontar este problema. Antes había habido algunas iniciativas, la Contraloría y la Procuraduría habían tenido unos reparos, había unos casos pequeños ante la Fiscalía. Pero en este caso están todas esas fuerzas alineadas, tanto para el golpe que se ha dado como para los correctivos que van a venir de aquí en adelante. Porque se trata no solo de destapar la olla, sino de determinar cómo vamos a corregir esto a partir de ahora.

SEMANA: Si va a seguir funcionando la DNE, ¿no fue exagerado usar la palabra 'intervención' cuando en realidad fue un allanamiento?

J.C.R.: No hay una liquidación. Sencillamente se les solicitó a las entidades del Estado que vinieran a cumplir con sus competencias respectivas dentro de la entidad, donde había unas fallas crasas y donde podía haberse dado la comisión de unos delitos. Estamos entrando a revisar qué tenemos que hacer, pero seguimos navegando, no podemos detenernos.

SEMANA: Con solo 15 días en el cargo, usted toma unas acciones tan drásticas como estas. ¿Significa que la anterior administración fue negligente?

J.C.R.: Cada quien mata pulgas a su manera. Las administraciones anteriores han dicho que ellos habían empezado a hacer este tipo de correctivos. No me corresponde a mí juzgarlos, pero en el estado en que yo encontré las cosas había acciones inmediatas que tomar, que eran completamente necesarias.

SEMANA: ¿Ante qué es más vulnerable la DNE: ante la mafia o ante la política?

J.C.R.: Es la tormenta perfecta. Estupefacientes es el parque de diversiones de la mafia y la corrupción. Son todos esos actores y sus vicios, así como del desorden administrativo. De ahí han salido monstruos, pero el mensaje que la sociedad debe recibir con la demostración de voluntad del gobierno de dar una guerra sin cuartel contra la corrupción, empezando por los puntos más emblemáticos de la misma, es que aquí no hay intocables.

SEMANA: Por ahora pareciera que ha salido al revés el mensaje de que se castiga la delincuencia debilitando sus estructuras financieras mientras el Estado se fortalece con esos bienes...

J.C.R.: Le estamos cerrando el paso a la corrupción que había con respecto a unos bienes que la gente se sentía en el derecho de apropiarse por el hecho de que eran bienes provenientes de actividades delictivas, que asumían como un botín de guerra. Es la actitud que muchos tienen, por ejemplo, con las guacas de las Farc. Pero esto no es un botín de guerra, es parte del patrimonio del Estado, y estamos en la obligación de preservarlo.

SEMANA: ¿Qué garantía hay de que esto no se quede simplemente en un manotazo sobre la mesa?

J.C.R.: Vamos a trabajar con transparencia, cero politiquería, en estricto cumplimiento de la ley y acompañados de todos los organismos de control, para convertir esto en una pecera.

SEMANA: Esas son exactamente las mismas declaraciones que tuvieron los últimos cuatro directores y los encargados en solo ocho años de existencia. ¿Cuál es la diferencia ahora?

J.C.R.: Deme el beneficio de la duda de tratar de hacer algo por enderezar esta entidad con el respaldo del presidente Santos y del Ministro del Interior. Hay una diferencia y es que yo no le debo nada a nadie. Vengo del sector privado, no busco una carrera política, no busco mantener un empleo en el Estado, vengo acá en cumplimiento de un deber moral, con muchos sacrificios desde el punto de vista personal, con el único propósito de atender un llamado que es moralmente indeclinable.

GRUPO 189 - EJERCICIO DE CONTROL DE INVENTARIOS

(Este ejercicio es para entregarlo antes del dia 10 de noviembre)

EJERCICIO: (control de inventarios)

Usted es el notario de PUEBLO HONDO un municipio que queda a 6 horas de la capital del departamento con una carretera bastante deteriorada y cuando se necesitan insumos de allá se aprovecha la ambulancia del hospital que tiene una rutina de viajes de un día para otro, sin embargo el pedido se hace y solo al siguiente viaje se entrega al conductor.

Preocupado por controlar el consumo de insumos usted ha determinado que sus principales productos son en promedio mes:

producto 6º mes 5º mes 4º mes 3º mes 2° mes Último mes
Registros civiles 12 23 42 15 18 27
Escrituras 5 12 3 17 21 9
Autenticaciones 45 54 67 54 65 36
Declaraciónextrajuicio 46 78 89 93 61 96

Cada registro civil consta en promedio de una página, las escrituras de 8 y las declaraciones extrajuicio de 2.

Todas las páginas de documentos llevan un sello y las ultimas de los mismos 2 sellos

Los registros civiles y las declaraciones extrajuicio se realizan en hoja tamaño carta mientras que las escrituras son en papel oficio.

Se considera que por cada 100 hojas se consume un lapicero y por cada 200 un lápiz, por cada 500 sellos un frasco de tinta, por cada mil hojas un corrector y dos borradores y por cada 400 usuarios una agenda para notas, y un rollo de cinta para máquina

La tinta se compra en la capital del departamento y está sometido a la disponibilidad del conductor de la ambulancia, el papel se adquiere directamente con la fabrica en Cali y tarda estrictamente 18 días en llegar, la cinta de máquina es especial y se debe traer de Bogotá con una respuesta de 75 días cuando las condiciones de transporte son favorables, lápices, borrador, lapiceros se adquieren en la cacharrería del pueblo y se entregan por tardar al día siguiente al pedido, corrector se trae de Medellín y tarda 8 días en llegar., mientras que las agendas se compran en la capital del departamento pero se deben pedir con 15 días por anticipado ya que son litografiadas

GRUPO 196 - DESEMPLEO JUVENIL

(Elaborar un mapa conceptual de esta lectura de la revista Dinero para enviar antes del 13 de noviembre 1:00 p.m)

Desempleo juvenil, situación alarmante


El talento de los jóvenes podría estar en peligro.
En Colombia, el 28% de los jóvenes desempleados no estudia ni trabaja. El país tiene la mayor cantidad de jóvenes totalmente improductivos de América Latina. Según estudios de la OIT, este es el segmento de la población que potencialmente tiene mayor riesgo social.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define la transición escuela-trabajo como el espacio entre la conclusión, voluntaria o no, de la educación y la incorporación definitiva al trabajo como actividad única o la posibilidad de realizar ambas opciones. En la mayoría de casos, el estudio y el trabajo son opciones excluyentes; sin embargo, en el país hay un significativo 28% que no estudia ni trabaja.

Estos jóvenes serían los que están más expuestos a caer en la exclusión social. Al sacar de la muestra el 67% del total que no trabaja ni estudia porque está compuesto por amas de casa y relativamente al margen de lo que puede considerarse riesgo social, queda el otro 33% que lo conforman principalmente los jóvenes que ya no buscan empleo porque creen que no hay oportunidades laborales o porque ya se cansaron de buscar trabajo sin conseguirlo.

Dentro de ellos, podría considerarse que los que provienen de familias en situación de pobreza están directamente expuestos a la marginalidad y, por lo tanto, tienen más probabilidades de caer en la exclusión social y por tanto en la delincuencia, pandillas, etc.

Un problema estructural

Lo deseable, según la OIT, es que los jóvenes de 15 a 17 años se dedicaran solamente a estudiar y lograr la mayor permanencia posible de ellos en la formación educativa, retardando su participación en el mercado laboral hasta que su mayor calificación técnica o profesional les permita una mejor inserción laboral.

Lo anterior no pasa en la región, y alcanza a ser más crítico en el país hasta llegar a ser una de las razones de las altas tasas de informalidad laboral. En América Latina, el 69% de la población es menor de 40 años, con capacidad de consumir y solamente tiene el 11% de los ingresos.

Claramente es un potencial de consumo y de productividad desperdiciado y a largo plazo, se reduce cuando se observa que de ese porcentaje, solamente el 65% ha terminado la educación secundaria y el 14% tiene estudios hasta nivel superior. En Colombia, la cifra no es diferente, el 52,4% de la población alcanza la educación básica secundaria.

De esas cifras se desprenden algunas interpretaciones. Por un lado, se deduce que la posibilidad de que el continente se vuelva industrializado y genere empleos calificados para la población de la región, por lo menos en el corto plazo, es muy baja. Por el otro, mejorar los niveles de informalidad laboral en el corto plazo se convierte en una tarea muy difícil y por lo tanto, se vuelve un problema económico estructural.

Por todo lo anterior, es importante destacar que las consecuencias de estos indicadores no solo afectan la calidad de vida de estos jóvenes, si no que se convierten en un problema estructural que retrasa el crecimiento de la economía del país. El problema está en que el potencial de consumo de una población joven como la del continente y la del país, se está desaprovechando por los niveles bajos de educación y por lo mismo, una dificultad de acceso empleos de alta calidad.

Otras cifras alarmantes

Al dividir el número de jóvenes desempleados de América Latina entre la población económicamente activa juvenil se obtiene la tasa de desempleo juvenil que es del 13%.

En Colombia, la tasa de desempleo juvenil es del 21%, la segunda más alta de la región, después de Argentina, en donde el 24% de los jóvenes no tiene trabajo. El componente principal del desempleo juvenil en Colombia es el cesante, que está en 13,2%, mientras que el 7,9% se encuentra buscando trabajo por primera vez.

Por otro lado, en Colombia la diferencia entre lo que gana un adulto y un joven es mucho mayor que el promedio de América Latina (54%). El joven colombiano promedio gana 58% menos que los adultos. Adicionalmente, estos bajos ingresos de los jóvenes no están acompañados de una reducida intensidad de la jornada laboral. Casi la tercera parte de los trabajadores jóvenes labora, en promedio, más de 48 horas a la semana.

Cabe destacar asimismo, que entre los jóvenes de 15-17 años la cobertura alcanza niveles muy bajos, Colombia, Ecuador y Panamá tienen los niveles más alarmantes en este indicador. Mientras que en la región el 11% cuenta con seguro de salud y el 10% con seguro de pensiones, en estos países apenas alcanza el 1%. En el país, la razón principal, es la restricción que hay para las empresas de contratar menores de edad, por lo tanto lo hacen en la informalidad.

En el estudio se destaca que en el país, el porcentaje de mujeres que solamente se dedica a estudiar es el 37% y de hombres es 38%. Esto muestra que, en principio, se ha alcanzado una igualdad de oportunidades en el plano educativo. Sin embargo, hay menos mujeres trabajando y más en la situación de inactivas ya sea por ser amas de casa o por no encontrar oportunidades en el terreno laboral.

Finalmente, la diferencia entre lo urbano y lo rural se destaca también desde el punto de vista de calidad de vida, proyecciones futuras, que se traduce al final en capacidad de consumo y producción. Entonces, en el país el 22,7% de los jóvenes que viven en áreas urbanas no trabaja ni estudia. Y en el área rural la cifra es menos alentadora, en donde la proporción de jóvenes que no estudia ni trabaja es el 42,6%.
Resumen América Latina

GRUPO 196 - ALVARO GOMEZ ADVIRTIO EL FRACASO

(Elaborar un ensayo de este artículo de la revista semana para enviar antes del 6 de noviembre a la 1:00 p.m)


Álvaro Gómez advirtió el fracaso

En su columna titulada ´¡Cuánto nos cuesta, señor embajador, cuánto nos cuesta!´ el dirigente conservador explica la problemática de la lucha contra las drogas y advierte el fracaso de la prohibición.

(PORTADAHace 34 años, Álvaro Gómez Hurtado, tras evaluar el fracaso de la guerra contra las drogas, planteó en un editorial del periódico 'El Siglo' la posibilidad de la legalización. Al conmemorarse 15 años de su asesinato, y cuando el debate está que arde, Semana reproduce este premonitorio artículo).
Todos los colombianos intuimos la magnitud del problema de las drogas, aunque carecemos casi completamente de estadísticas al respecto. Somos demasiado pobres para gastar dinero en averiguarlo y no sa¬bemos exactamente para qué nos serviría, como no fuera para configurar la tesis de que estamos librando una batalla perdida de antemano. Nuestra falta de recursos no nos permite, por ejemplo, saber cuántos colombianos somos, porque no ha habido dinero suficiente para terminar el último censo, que por lo demás parece que se inició con vicios insubsa¬nables a posteriori. Nuestras Cuentas Nacionales, base indispensable para el manejo de la economía, se llevan con año y medio de retraso. Las estadísticas de criminalidad son apenas tentativas y tampoco resultan muy confiables las que atañen a nuestros niveles de escolaridad. De manera que cuando alguien afirma, en este caso parece que el Ministerio de Educación, que de cada diez alumnos de enseñanza secundaria, cuatro usan regularmente marihuana, el alcohol o las drogas farmacéuticas, puede estar diciendo la verdad, el doble de la verdad o la mitad de la verdad.
Aunque el pueblo colombiano no 'parece' ser especialmente adicto a la droga, estaríamos muy lejos de considerarnos una excepción dentro de este flagelo, que aquí como en otras partes se registra más dramática¬mente entre cierta juventud de mayores recursos y más visiblemente entre la delincuencia. Si Colombia se destaca en el mundo no debe ser cierta¬mente por el elevado consumo interno de estupefacientes sino porque se ha convertido en un centro de producción y comercialización de la droga.

Ello se debe a condiciones peculiares, como la inmensidad de sus costas y fronteras, a lo abrupto del suelo y su fertilidad, a la habilidad manual y comercial de sus habitantes y sobre todo, al bajo costo de esta mano de obra inteligente que tiene, en términos de dólares, un ingreso despropor¬cionadamente bajo. Nos cayó en suerte que todas estas condiciones, más la ubicación geográfica, nos convirtieran en una estupenda base de opera¬ciones para las actividades ilícitas de la droga.

Si fuésemos realistas, la actitud de los colombianos debería ser la de levantar las manos en señal de impotencia y decirle a la opinión mundial que somos incapaces de luchar contra la droga. El simpático embajador de los Estados Unidos dice que en su país han calculado que se exporta de Colombia hacia los Estados Unidos entre una tonelada y una tonelada y media de cocaína cada mes. Es una cifra aterradora, no tanto por la infraes¬tructura que se necesita para producirla, que no parece ser mucha, sino por la magnitud del mercado que consigue.

Según la misma fuente informativa, durante todo el año de 1975, las autoridades colombianas no lograron decomisar sino 1.206 kilogramos de cocaína, lo cual quiere decir que once doceavas partes de ese letal producto cumplieron toda su operación -importaciones de materia prima, cultivos, refinanciación, empaques, contrabando y transporte- a pesar de los esfuerzos combinados de nuestra policía, nuestros guardas aduaneros, nuestros jueces y de un cuerpo especial destinado a la lucha contra los narcóticos. Es decir que estamos fracasando rotundamente.

Nos hallamos de acuerdo con el embajador de los Estados Unidos en que hay que ir a la raíz misma de tan grave problema. Solo que esa raíz no la encontramos aquí, en nuestra tierra, en la ineficiencia de nuestra policía o de nuestra administración de justicia, sino que está localizada en la diferencia de capacidad de pago que existe entre los consumidores norteamericanos y la del pobre Estado colombiano. Se nos dice que hay en Norteamérica 400.000 adictos a la heroína, un millón de usuarios de anfetaminas y casi 300.000 ciudadanos adictos a los barbitúricos. Pues bien, esa porción de los habitantes de los Estados Unidos es mucho más rica que nuestro gobierno. Quienes la integran están en capacidad de sobornar, de comprar favores oficiales, de utilizar medios de comuni¬cación y de transporte, mientras que las finanzas públicas de Colombia se hallan comprometidas en el sostenimiento elemental de nuestras institu¬ciones. Cierto que los Estados Unidos gastan anualmente 17.000 millones de dólares en esta lucha y que nos han hecho una 'donación' de seis millones de dólares para que cooperemos con ella. Pero esto no basta para establecer, ni remotamente, un equilibrio entre la potencia eco¬nómica del delito internacional que nos ha escogido como base de opera¬ciones y nuestra capacidad defensiva. Hoy la mafia que abastece los mercados ricos de los Estados Unidos tiene un dominio incontrastable entre nosotros, porque mata jueces, amedrenta a los investigadores y persigue a los periodistas que se le enfrentan. La prohibición de las drogas no es sino una fachada jurídica que nada tiene que ver con la realidad y que para lo único que sirve es para disimularla.