GRUPO 194 - LAS LECCIONES DE DOÑA JUANA

(Elaborar un ensayo sobre este artículo de la revista Semana para enviar via correo electrónico antes de la 1:00 p.m del dia 25 de septiembre )


Las lecciones de Doña Juana

Al adjudicar el relleno de Doña Juana, los dos proponentes descalificados dijeron de forma acalorada que había trampa. Aducían que no aparecía un billete que se había usado como sello de una de las propuestas. Algo que pudo ser solo un malentendido. En la foto Jaime Lombana (izq.), del consorcio Procativa, y David Cardona, de la Unión Temporal Gestión Ambiental.

CONTROVERSIA
El escandaloso proceso de adjudicación del mayor relleno sanitario del país deja un mal sabor por la forma como se dan los procesos de contratación pública en Bogotá.
Sábado 18 Septiembre 2010
El protocolo que guarda el Estado cuando adjudica una concesión tiene tantas formalidades para garantizar la transparencia que convierte a estas ceremonias en algo pausado, muy cercano a lo aburrido. Pero lejos de ser sobrio, el episodio de la semana pasada en el que el Distrito Capital seleccionó al operador de los próximos 11 años del relleno de Doña Juana fue tan bochornoso que parecía un capítulo del célebre programa peruano Laura en América, que siempre terminaba en manotazos y ofensas mutuas de los participantes. Hubo un momento en que los madrazos y los gritos de “corrupción y ratas” de algunos de los más prestigiosos juristas del país se mezclaban con el de los recicladores presentes, que participaban también con las empresas que estaban en la puja. De hecho, a estos últimos se les veía más tranquilos.
No pudo tener peor epílogo este proceso de contratación, que desde que comenzó estuvo rodeado de serios cuestionamientos. Como se recordará, hace un año una conversación de un par de abogados con una alta funcionaria de la Unidad de Administración Especial de Servicios Públicos (Uaesp), en un restaurante, y las anotaciones que estos dejaron en un mantel de papel mientras hablaban, dio pie para toda suerte de especulaciones sobre posibles irregularidades alrededor de la operación del relleno sanitario y de la forma como se buscaría seleccionar un nuevo contratista para su administración.

El impacto de la controversia llevó a que declararan insubsistente a la funcionaria de la cena, Catalina Franco, y a la renuncia de la entonces directora de la Uaesp, Victoria Virviescas. El proceso además estuvo rodeado de suspicacias sobre la presencia de un abogado que supuestamente participó en el diseño de la licitación y que luego trabajó con uno de los proponentes, algo que no se probó. Incluso, una intervención de la Corte Constitucional para garantizar mayor participación de los recicladores en las propuestas se difundió como si se hubiera encontrado una irregularidad contractual de tal magnitud que ameritó la intervención del alto tribunal, cuando no fue así. Todo esto aportó los elementos de un explosivo coctel.

El tire y dame de los oferentes en este tipo de procesos es normal. Que entre todos se escudriñen mutuamente sus propuestas para ver si cumplen y que señalen las ausencias, es algo que ayuda a la transparencia. La diferencia en este caso es que los proponentes descalificados alegan que no les dieron oportunidad para controvertir cuando no les valieron los documentos.

Y vino lo peor. Los dos consorcios hicieron acusaciones de grueso calibre: alegaron que les habían manipulado sus propuestas, por lo que parecía ser la alteración en el empaque de una de ellas. Los ánimos agitados de un año de proceso explotaron y propiciaron el espectáculo veintejuliero que el país conoció. Objeciones que con una tranquila revisión hubieran podido subsanarse, se tradujeron en una última suspensión del proceso y una llamada a la Fiscalía buscando su intervención. “No vamos a ser parte de ese ‘show”, dijeron en el ente de control.

Y sin más consideración, la directora de la Uaesp, Miriam Martínez, convencida, según ella, de que estaba al frente de una estrategia desesperada de los perdedores para evitar la adjudicación, en un par de minutos entregó el negocio de 230.000 millones de pesos a un consorcio de firmas brasileñas, canadienses y colombianas. En su celeridad, ni permitió ver a los demás oferentes si la propuesta ganadora en verdad decía lo que ella dijo que decía, ni le dio una espera mínima a la Procuraduría, que a los pocos minutos llegó y dijo que lo sucedido “desconocía el ordenamiento jurídico”.

Este lamentable episodio deja muchas lecciones. Algunos participantes expusieron su prestigio de una forma innecesaria, mientras que la administración distrital debe tomar cartas para que sus entidades no solo digan que son garantistas, sino que en verdad lo sean. Con reglas de juego claras y el respeto de las mismas, se ahorrarían dolores de cabeza.